Los directivos del sistema sanitario son, en su mayoría, cargos de confianza o políticos

 La mayoría de los cargos directivos o subdirectivos de los centros y entidades del sistema sanitario público (o privado) son cargos de confianza o políticos, es decir, no están basados en la meritocracia. Esto condiciona todas las decisiones y medidas que se toman, se afirma en el Libro Blanco de la COVID-19 del País Vasco.

La sanidad y el cuidado tienen una gestión fragmentada y separada, “ya que nuestra estructu­ra administrativa establece una división política en dicha materia. A pesar de dividir el territorio en diferentes entornos sanitarios u Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), la descoordina­ción entre AP, hospitales y centros concertados y privados es evidente desde hace tiempo”, subrayan los autores del documento.

El sistema de cuidado de las personas mayores se organiza generalmente en dos ámbitos: en el hogar y en las residencias o centros de día. En dichos espacios, los sistemas de salud y pro­tección social están descoordinados, son gestionados por diferentes instituciones y no existe coordinación entre ellas. De hecho, la mayoría de las residencias de personas mayores están bajo gestión privada y cuentan con escasos recursos propios. La vocación de sus profesionales, mayormente mujeres, es remarcable, pero es un sector precarizado. Además, a pesar de su ele­vada carga asistencial, no cuentan con personal suficiente, por lo que ha organizarse a los y las residentes en grandes grupos. Y cada residencia tiene su propio modelo de gestión.

La pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades inherentes a la gestión de la sanidad: no ha habido co-gobernanza entre todas las partes implicadas (autoridades, equipos directivos de los centros de salud, comisiones clínicas, cargos de diversas entidades sociales, ayuntamientos, asociaciones comunitarias, etc.). No se ha tenido en cuenta la motiva­ción ni las opiniones de los y las profesionales, ni se ha considerado la “fatiga pandémica”. La escasa coordinación en la organización interna de la Salud Pública ha quedado a la vista, en un momento excepcional en el que eran necesarios unos criterios claros, procesos participativos y la respuesta común de toda la sociedad. En resumen, se ha extendido la gestión el modelo “laissez faire-laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar), se denuncia en el Libro Blanco de la COVID-19 del País Vasco.

Las propuestas de los expertos

Entre las propuestas de los expertos destacamos las siguientes:

-          Reforzar el sistema público para que asuma y mantenga la responsabilidad con firmeza en situaciones de crisis y fuera de ellas.

-          Lograr un sistema asistencial eficaz y eficiente y garantizar las aportaciones en todos los ámbitos (sistema de bienestar, educación, vivienda, sistemas de cuidados, etc.), con el objetivo principal de satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Para ello hay que priorizar la AP (estructura más cercana al sistema sanitario) y los servicios sociales de los barrios y municipios.

-          Revisar los presupuestos y reforzar la colaboración desde todos los sectores, poniendo a las personas en el centro de la sanidad. En el caso de la sanidad el objetivo es llegar al 7-8% del PIB.

-          Aumentar la AP al 25% de los presupuestos sanitarios y duplicar los presupuestos de Salud Pública para lograr un equilibrio adecuado.

-          La contribución del sector privado al sistema sanitario debe ser analizada en profundi­dad, tomando como criterio principal el impacto que tiene en la eficiencia, la equidad, el seguimiento de pacientes, la educación de la salud o la promoción de la salud. Y, en función de las conclusiones obtenidas, tomar decisiones.

-          Hay que pensar cómo queremos cuidar a las personas mayores, respetando sus deseos, sus derechos y su calidad de vida, impulsando una sociedad solidaria.

La protección de las vacunas se desconoce

Con respecto a la elevada eficacia de las vacunas aprobadas (70-95%), los estudios realizados no priorizaron contemplar la capacidad para prevenir la infección, reducir la transmisibilidad y la mortalidad como variables primarias para determinar dicha eficacia. Los valores de eficacia que conocemos son los determinados en los ensayos clínicos en fase 3, y reflejan mayoritaria­mente la capacidad de estas vacunas de reducir el riesgo de padecer enfermedad (COVID-19) sintomática leve y/o moderada. A pesar de que las experiencias en Reino Unido e Israel reve­lan, respectivamente, una reducción de los contagios y de la transmisión del virus, podría ser necesario el mantenimiento de algunas medidas (distancia social, uso de mascarillas, ventila­ción, etc.) hasta que al menos un 70 % de la población esté inmunizada. Por otro lado, aún des­conocemos la duración de la protección de la vacuna más allá de los 6 meses y/o la necesidad de administrar futuras dosis de recuerdo para mantenerla.

El muro de silencio de las autoridades sanitarias

Esta crisis, sin precedentes en el último siglo, ha planteado enormes retos en el ámbito de la política de comunicación. Los tradicionales manuales de Emergency Risk Communication no sirven de mucho -aquí y ahora-, ya que la situación comunicativa que se ha creado es totalmen­te desconocida. En este contexto, comunicar de forma breve, concisa y clara se ha convertido en una tarea muy complicada, máxime cuando la situación es, a menudo, cambiante y confusa. Es por ello, que los gobiernos, las autoridades sanitarias y los medios de comunicación deben hacer un esfuerzo especial por evitar difundir la sensación de caos y pánico entre la ciudadanía, y así transmitir confianza.

En su lugar, ha habido intentos por parte de las autoridades de dirigir el trabajo de los medios de comunicación, obstaculizando la transparencia informativa. Los y las periodistas recurren al Departamento de Sanidad como fuente habitual de información pero, a menudo, han encon­trado un impenetrable muro de silencio.