La mayoría de los cargos
directivos o subdirectivos de los centros y entidades del sistema sanitario
público (o privado) son cargos de confianza o políticos, es decir, no están
basados en la meritocracia. Esto condiciona todas las decisiones y medidas que
se toman, se afirma en el Libro Blanco de la COVID-19 del País Vasco.
La sanidad y el cuidado tienen
una gestión fragmentada y separada, “ya que nuestra estructura administrativa
establece una división política en dicha materia. A pesar de dividir el
territorio en diferentes entornos sanitarios u Organizaciones Sanitarias
Integradas (OSI), la descoordinación entre AP, hospitales y centros
concertados y privados es evidente desde hace tiempo”, subrayan los autores del
documento.
El sistema de cuidado de las
personas mayores se organiza generalmente en dos ámbitos: en el hogar y en las
residencias o centros de día. En dichos espacios, los sistemas de salud y protección
social están descoordinados, son gestionados por diferentes instituciones y no
existe coordinación entre ellas. De hecho, la mayoría de las residencias de
personas mayores están bajo gestión privada y cuentan con escasos recursos
propios. La vocación de sus profesionales, mayormente mujeres, es remarcable,
pero es un sector precarizado. Además, a pesar de su elevada carga
asistencial, no cuentan con personal suficiente, por lo que ha organizarse a
los y las residentes en grandes grupos. Y cada residencia tiene su propio
modelo de gestión.
La pandemia ha puesto de
manifiesto las debilidades inherentes a la gestión de la sanidad: no ha habido
co-gobernanza entre todas las partes implicadas (autoridades, equipos
directivos de los centros de salud, comisiones clínicas, cargos de diversas
entidades sociales, ayuntamientos, asociaciones comunitarias, etc.). No se ha
tenido en cuenta la motivación ni las opiniones de los y las profesionales, ni
se ha considerado la “fatiga pandémica”. La escasa coordinación en la
organización interna de la Salud Pública ha quedado a la vista, en un momento
excepcional en el que eran necesarios unos criterios claros, procesos
participativos y la respuesta común de toda la sociedad. En resumen, se ha
extendido la gestión el modelo “laissez faire-laissez passer” (dejar hacer,
dejar pasar), se denuncia en el Libro Blanco de la COVID-19 del País Vasco.
Las propuestas de los expertos
Entre las propuestas de los
expertos destacamos las siguientes:
-
Reforzar el sistema público para que asuma y
mantenga la responsabilidad con firmeza en situaciones de crisis y fuera de
ellas.
-
Lograr un sistema asistencial eficaz y eficiente
y garantizar las aportaciones en todos los ámbitos (sistema de bienestar,
educación, vivienda, sistemas de cuidados, etc.), con el objetivo principal de
satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Para ello hay que
priorizar la AP (estructura más cercana al sistema sanitario) y los servicios
sociales de los barrios y municipios.
-
Revisar los presupuestos y reforzar la
colaboración desde todos los sectores, poniendo a las personas en el centro de
la sanidad. En el caso de la sanidad el objetivo es llegar al 7-8% del PIB.
-
Aumentar la AP al 25% de los presupuestos
sanitarios y duplicar los presupuestos de Salud Pública para lograr un
equilibrio adecuado.
-
La contribución del sector privado al sistema
sanitario debe ser analizada en profundidad, tomando como criterio principal
el impacto que tiene en la eficiencia, la equidad, el seguimiento de pacientes,
la educación de la salud o la promoción de la salud. Y, en función de las
conclusiones obtenidas, tomar decisiones.
-
Hay que pensar cómo queremos cuidar a las
personas mayores, respetando sus deseos, sus derechos y su calidad de vida,
impulsando una sociedad solidaria.
La protección de las vacunas se
desconoce
Con respecto a la elevada
eficacia de las vacunas aprobadas (70-95%), los estudios realizados no
priorizaron contemplar la capacidad para prevenir la infección, reducir la
transmisibilidad y la mortalidad como variables primarias para determinar dicha
eficacia. Los valores de eficacia que conocemos son los determinados en los
ensayos clínicos en fase 3, y reflejan mayoritariamente la capacidad de estas
vacunas de reducir el riesgo de padecer enfermedad (COVID-19) sintomática leve
y/o moderada. A pesar de que las experiencias en Reino Unido e Israel revelan,
respectivamente, una reducción de los contagios y de la transmisión del virus,
podría ser necesario el mantenimiento de algunas medidas (distancia social, uso
de mascarillas, ventilación, etc.) hasta que al menos un 70 % de la población
esté inmunizada. Por otro lado, aún desconocemos la duración de la protección
de la vacuna más allá de los 6 meses y/o la necesidad de administrar futuras
dosis de recuerdo para mantenerla.
El muro de silencio de las
autoridades sanitarias
Esta crisis, sin precedentes en
el último siglo, ha planteado enormes retos en el ámbito de la política de
comunicación. Los tradicionales manuales de Emergency Risk Communication no
sirven de mucho -aquí y ahora-, ya que la situación comunicativa que se ha
creado es totalmente desconocida. En este contexto, comunicar de forma breve,
concisa y clara se ha convertido en una tarea muy complicada, máxime cuando la
situación es, a menudo, cambiante y confusa. Es por ello, que los gobiernos,
las autoridades sanitarias y los medios de comunicación deben hacer un esfuerzo
especial por evitar difundir la sensación de caos y pánico entre la ciudadanía,
y así transmitir confianza.
En su lugar, ha habido intentos
por parte de las autoridades de dirigir el trabajo de los medios de
comunicación, obstaculizando la transparencia informativa. Los y las
periodistas recurren al Departamento de Sanidad como fuente habitual de
información pero, a menudo, han encontrado un impenetrable muro de silencio.
